Es un tema que ya no está de actualidad. El de los controladores me refiero. Tras la publicación del laudo de obligado cumplimiento por parte de Manuel Pimentel las aguas volvieron a su cauce y ya no se ha hablado más de ello. Sin embargo es un asunto que los historiadores del futuro estudiarán no como algo aislado sino dentro de una dinámica general, de una forma de hacer las cosas por parte de un gobierno que tras siete años en el poder ha colocado al país al borde del abismo. El problema de los controladores es sólo un detalle más que muestra una manera de trabajar que podría ser definida con dos palabras: profunda incompetencia.
No seré yo quien haga el trabajo de los historiadores. Al análisis de los años del gobierno de Zapatero le dedicarán muchas páginas. Sin embargo sí me gustaría tratar brevemente algún aspecto poco comentado del conflicto que se desató el pasado mes de diciembre entre el gobierno y los controladores cuando éstos abandonaron sus puestos de trabajo.
Coloquialmente decimos que los controladores “se echaron al monte”. No voy a justificar eso. Sin embargo no me creo que lo hicieran porque fueran unos miserables que querían chantajear al gobierno. Veamos lo que sucedió la mañana del viernes 3 de diciembre, lo que desató la tormenta.
Para analizarlo pongo un extracto del BOE del 3 de diciembre que regulaba las condiciones laborales de los controladores (puede verse en http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18651.pdf, en la página 101.075 y 101.076)
(...) La actividad aeronáutica anual no excederá de 1.670 horas, sin perjuicio de la posibilidad de ser incrementada con horas extraordinarias hasta un máximo de 80 horas anuales. En el cómputo de este límite anual de actividad aeronáutica no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y periodos de formación no computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral.
Las negritas son mías. Y lo son para destacar el despropósito. El texto regula el número de horas que debe hacer al año un controlador (1.670), pudiéndose incrementar extraordinariamente en un máximo de 80. Hasta aquí todo normal. El problema viene en la forma de contabilizar esas horas. Y el Real Decreto lo deja bien claro: no se contabilizarán ni licencias ni ausencias por incapacidad laboral.
Al hablar de licencias se refiere al permiso por maternidad, al permiso por enfermedad o muerte de un familiar o al permiso por una boda (lo que conocemos comúnmente como luna de miel). Y las ausencias por incapacidad laboral son las bajas por enfermedad (una gripe, stress, una operación...). Todo esto es lo que se conoce como derechos laborales de los trabajadores que tenemos garantizados no sólo en España sino en todo el mundo occidental. Algo que ha sido conseguido poco a poco y con gran esfuerzo a lo largo del siglo XX por la izquierda europea fundamentalmente.
Por eso sorprende que el gobierno de Zapatero, paradigma de la izquierda dialogante, decidiera ventilárselos de un plumazo. Porque no es ni medio normal que si tienes un hijo y te tomas el permiso de maternidad que te garantiza la ley tu empresa te diga que luego tienes que recuperar ese tiempo porque no se contabiliza. Tampoco es ni medio normal que te cases, te vayas de luna de miel y luego tengas que devolver esos días. Para eso ni uno se acoge al permiso de maternidad ni opta por tener una luna de miel.
Y lo de no contabilizar las bajas por enfermedad es algo que clama al cielo. Hombre, una gripe suele ser una semana. Una semana aún se puede recuperar pero como te diagnostiquen una enfermedad que te tenga nueve meses de baja no se me ocurre la forma de hacer esas horas perdidas.
Todo esto forma parte del tremendo disparate ejecutado por el gobierno de Zapatero la mañana del 3 de diciembre de 2010. Un disparate que puso en pie de guerra a los controladores, que dejó sin vacaciones durante el mayor puente del año a 600.000 personas y que se solucionó decretando el Estado de Alarma. Muy bien. El gobierno de España solucionando un conflicto laboral mediante una acción de fuerza. Es lamentable que una cosa así se produzca. Pero es increíble e injustificable que suceda en un país occidental a comienzos del siglo XXI. No obstante, lo verdaderamente grave es el Real Decreto que fulminaba los derechos laborales de unos trabajadores. De ello los historiadores hablarán largo y tendido en el futuro y lo relacionaran con una particular forma de gobernar: a decretazo limpio (reforma de las pensiones, reforma laboral, recorte de los sueldos de funcionarios y un largo etcétera). Y sentenciarán. No les quepa duda.
